• Rodolfo Mendoza

LOS RESULTADOS Y LAS IMPLICACIONES DE LOS MANDATOS DE VACUNACIÓN

Con el avance de la vacunación masiva ha surgido un nuevo debate en la gestión de los gobiernos para detener los contagios: la implementación de mandatos de vacunación. Se entiende por éstos a la orden pública de estar vacunado contra Covid para poder realizar una determinada actividad diaria, ya sea trabajar, estudiar, ingresar a un comercio o viajar. Su principal motivación es política, pues busca empujar que más personas se vacunen y, aunque técnicamente no pueden ser catalogados como una obligación para vacunarse, si levantan muchos cuestionamientos sobre su legitimidad en cualquier sociedad que respeta los derechos individuales.


Este tipo de medida obliga a los empleadores, escuelas, universidades, comercios u organizadores de eventos o conciertos a impedir el ingreso a sus instalaciones y negar la prestación de sus servicios a aquellos que no presenten un certificado de vacunación o una prueba negativa de Covid. Los ciudadanos aún mantienen la opción de decidir entre vacunarse, practicarse un hisopado o buscar ese bien o servicio en línea, pero como les resulta más fácil estar vacunado, terminan optando por inmunizarse. Es por esta razón que muchos ven una coacción pública detrás de estas disposiciones gubernamentales.


Los mandatos de vacunación no son recientes en el mundo, aunque ocupen ahora el centro del debate. Desde que las vacunas fueron descubiertas, los gobiernos han requerido que las personas se vacunen para mantener controladas algunas enfermedades contagiosas, como fue el caso de la fiebre amarilla. En Estados Unidos, por ejemplo, las fuerzas armadas han requerido la vacunación de sus integrantes desde hace 200 años; las escuelas públicas requieren que los niños estén vacunados para protegerlos de enfermedades infantiles, algo que cumplen cerca del 95% de los alumnos; y muchos hospitales tienen como requisito que sus trabajadores estén vacunados.


La justificación para esta intrusión en los derechos individuales en el país norteamericano fue establecida por la Corte Suprema, la que desde 1905 resolvió que, aunque una persona es libre para rehusar un tratamiento médico, no lo es para infectar a otras personas. Los colectivistas apuntan que el costo de tratar a un paciente infectado, que actualmente ronda por los $20,000, justifica la implementación de estos mandatos, ya que para tratarlos se utilizan fondos públicos. No son, argumentan, una imposición distinta al uso obligatorio del cinturón de seguridad en un automóvil.

Hasta ahora, los mandatos de vacunación se han concentrado en estos sectores:


  1. Trabajadores de salud, incluyendo desde personal de limpieza hasta médicos.

  2. Para viajeros internacionales, para ingresar a un país sin presentar prueba negativa o cumplir cuarentena.

  3. Ingreso a comercios, restaurantes y el uso del transporte público, incluyendo al personal como a los consumidores del servicio

  4. Ingreso a espacios laborales.

  5. En escuelas y universidades, incluyendo a los trabajadores de los establecimientos educativos y a los alumnos a partir de los 12 años.


Algunas de estas disposiciones ya se aplican en países como Francia, Italia, Grecia, Indonesia, Australia y Canadá y recientemente el presidente Joe Biden los ha anunciado para Estados Unidos.

En Latinoamérica, Chile y Uruguay, con más del 75% de su población vacunada, son los primeros que han anunciado la implementación medidas que otorgan beneficios de movilidad a aquellos que ya están vacunados. En Chile, el plan es conocido como el “pase de movilidad”, el cual, de acuerdo al estado de alerta en el que se encuentre la comuna, otorga algunas flexibilizaciones de movilidad que los no vacunados no gozan. En Uruguay se encuentran trabajando en el “Pase Verde'', un documento digital que permitirá moverse dentro del país de forma segura y sin restricciones. Otros países como Perú, Costa Rica o Panamá han anunciado sus intenciones de implementarlo.


Pero hasta ahora la propuesta más novedosa y que vino a darle vuelta a los mandatos de vacunación, pertenece a Ecuador. Este país, con el 60% de su población vacunada, se alejó del otorgamiento de beneficios de movilidad para los vacunados y, en cambio, implementó un documento para que las personas mayores de 18 años con esquema completo de vacunación puedan acceder a descuentos, beneficios y obsequios a nivel nacional en más de dos mil negocios inscritos al programa, en el que se incluyen restaurantes, salas de cine, farmacias, supermercados y servicios de telefonía móvil, entre otros. Este es el resultado de un acuerdo entre el gobierno y la iniciativa privada, que se propusieron la meta de vacunar a nueve millones de ecuatorianos en cien días.


¿Están dando resultado los mandatos de vacunación en el mundo? Francia, el país que tenía el grupo anti-vacunas más grande de occidente, es citado regularmente como ejemplo de que sí funcionan. El gobierno impuso en julio el pasaporte de vacunación y un mes después cerca de diez millones de personas corrieron a ser inmunizadas, aumentando en 20 puntos el porcentaje de población vacunada. Los franceses que aseguraban que no se vacunarían descendieron del 35% en junio al 19% en septiembre, y Francia evitó el fuerte rebrote de contagios que otros países de occidente si tuvieron. Por el otro lado, Reino Unido, que ha tomado la postura opuesta de no implementarlos, parece que se ha estancado en su programa de vacunación. En la fecha que Francia anunció la implementación del pasaporte de vacunación, los británicos aventajaban a los franceses 67% a 53% en población vacunada. Desde entonces, el ritmo de vacunación francés ha crecido y el británico no tanto, por lo que éstos últimos se han quedado rezagados, 73% a 71%.


Pero la mayor diferencia entre Francia y Reino Unido ha sido el cambio en la actitud de la población opuesta a vacunarse. Mientras que en Francia el grupo opositor se ha ido reduciendo en más de la mitad en el transcurso del año, en el Reino Unido se ha quedado prácticamente igual, por lo que algunos podrían interpretar como que se ha cumplido el principal objetivo del mandato de vacunación: motivar a los opositores a vacunarse.


A pesar de esto, los mandatos provocan fuertes críticas y oposiciones. En Francia las protestas no han parado de mostrar su insatisfacción, y se estima que la afluencia de personas a estas demostraciones ha sido alrededor de 160 mil a 215 mil personas semanales. En Grecia, cuatrocientos empleados del sistema de salud protestaron en contra de la vacunación obligatoria para este sector, preocupados por la reducción de personal que podría resultar de estos mandatos. En Nueva York, varios médicos han renunciado tras oponerse a la vacunación y el Hospital General del Condado de Lewis ha dicho que la cantidad de renuncias no les deja otra opción más que dejar de atender partos. En Italia, los partidos de extrema derecha fueron los primeros en oponerse, argumentando que esto era una infracción a la libertad personal. Algunos dentro del movimiento anti-vacunas llevaban insignias de estrellas amarillas que decían "no vacunados", asemejándose a las que los nazis obligaron a llevar a los judíos.


Las principales razones de los opositores es que éstas son medidas políticas que carecen de sustento médico, a la vez que coartan libertades individuales y violan las convenciones internacionales, como el código de Nuremberg, que establece que para cualquier tratamiento médico es esencial el consentimiento voluntario. Además, dicen, promueve la marginación de un sector de la sociedad y delega en empresas y comercios responsabilidades que no le competen, como verificar el status médico de los clientes y empleados.


Hasta ahora, los estudios de opinión sobre este tema evidencian la marcada polarización sobre la vacuna, pues los vacunados favorecen que se implementen estas medidas, mientras que los no vacunados se oponen fuertemente. A nivel de la población general, el apoyo u oposición depende de la actividad o sector que se incluya dentro de los mandatos. Por ejemplo, más de la mitad de los norteamericanos (55%) están en contra de exigir el pasaporte de vacunación para ingresar a un comercio o que se les requiera a los alumnos adolescentes de escuelas públicas (58%). Pero más de la mitad (61%) están a favor de exigirlo a quienes quieran ingresar al país, a los estudiantes de universidades privadas (57%) y para acceder a un evento masivo como un concierto o juego deportivo (56%).


Pero lo más trascendental de esta discusión no son los datos ni sus resultados, sino la definición del rol que le permitimos tomar al Estado en nuestras vidas diarias. Se espera una fuerte batalla política y legal en respuesta a las medidas anunciadas la semana pasada por Biden, que terminará por decidirse en la Corte Suprema, de mayoría conservadora. En esa discusión se revisará la postura sobre los derechos y libertades individuales frente al papel cada vez más activo del Estado en la vida diaria y en las decisiones personales de los ciudadanos. Para unos, el derecho a la salud y el bienestar colectivo ante el riesgo de contagio deberían privar sobre las decisiones individuales. Pero para otros, ningún resultado justificaría la violación a la integridad de la persona, la vulneración a sus derechos individuales o a socavar la libertad personal que se ha logrado plasmar en los textos constitucionales frente al abuso e invasión del Estado. El respeto a esa libertad es tan sagrado que no puede violentarse en nombre de la salud pública.


Esta discusión será, en mi opinión, el mayor legado de ésta polarizada campaña de vacunación global, y nos dejará antecedentes que repercutirán por varios años en el qué hacer político y público de nuestras sociedades.


La revista Carep Magazine de España me solicitó escribir un artículo para la edición que publicaron recientemente. Esta revista es publicada por una prestigiosa firma de consultoría socio política española, con presencia en varios países latinoamericanos, con 75,000 personas suscritas en España, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú y Chile.




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